Inflacción o Deflacción

Publicado en "Negocio"

Octubre 2010

Durante años, muchos años, la inflación, mediante su más claro pregonero el índice de precios al consumo, nos trajo toda clase de males, desde los más duros planes económicos hasta cambios radicales de gobierno, y desde luego suponía un empobrecimiento de pensionistas, rentistas y asalariados y una desaparición de ahorros de las clases medias. Inflación y necesidad de una vida más austera o peor era lo mismo.

Últimamente, y como novedad para los no iniciados, apareció la deflación, es decir lo contrario de la inflación, pero por desgracia ella no nos aporta ninguna clase de bienes sino más males. Deflación significa que los ciudadanos no consumen, que las empresas se ven obligadas a vender en pérdidas o prácticamente sin margen y como consecuencia cierre de empresas e incremento del paro hasta tasas muy preocupantes.

Pero no hay mal que cien años dure, perdón en economía si los hay, y resulta que ha vuelto la inflación y el positivismo de algunos políticos también ha vuelto, afirmando que ya no hay deflación y que los precios suben.

Lo que no hay es vergüenza. Los precios suben, no porque se recupere el consumo, que es lo que hace falta, sino porque los costes están al alza y determinadas empresas que actúan en régimen de monopolio u oligopolio o como se quiera llamar, es decir que hacen lo que les da la gana con sus precios, gozan de la capacidad de repercutir sus incrementos de costes sobre sus precios.

Pero todos tranquilos, los precios van a seguir subiendo y la inflación volverá cual oscuras golondrinas. Los tiempos Neoyorquinos de déme dos que pago en euros se han terminado. El petróleo sube y con ello prácticamente el coste de casi todo, en mayor o menor proporción. En realidad vivimos en un mundo de energía trasformada y si la fuente más común de energía sube, todo sube. No sólo sube el petróleo sino también todo aquello que importamos que es mucho. El que las empresas puedan exportar más tampoco mejora directamente los precios interiores.

Es muy probable que el repunte último de la inflación no quiera decir que el consumo aumenta, que las empresas mejoren sus márgenes, que se incremente el número de puestos de trabajo, sino que consumimos lo mismo sólo que un poco más caro y esto no es para sonreír de oreja a oreja.

Elisa Martínez de Miguel

Las LLaves del Reino

Publicado en "El Economista"

Agosto 2010

Nuestra Constitución, la del Reino de España, establece como un derecho fundamental de los trabajadores el derecho de huelga. Es una conquista social que ha costado sangre, sudor y lágrimas y es necesario e imprescindible que en una constitución que regirá durante el siglo XXI el mismo conste.

Durante las últimas semanas, los ciudadanos de este país hemos debido sufrir las consecuencias del uso de tal derecho por determinados colectivos, que reúnen ciertas características que les son comunes: Son colectivos reducidos, muy bien remunerados, sin riesgo a perder sus puestos de trabajo, que actúan en sus áreas laborales en situación de monopolio. Capaces de paralizar sectores económicos causando perjuicios de difícil cuantificación pero ciertamente muy elevados y produciendo muy graves trastornos a los ciudadanos que quedan a su merced y en absoluta indefensión. En resumen y justificando el título, detentan las llaves para poder paralizar o deteriorar gravemente la economía del Reino sin que los dirigentes políticos tengan en la práctica medios para arrebatárselas.

Esta situación no puede seguir así.

Existen instituciones, como son el ejército o la policía, que no se concibe puedan hacer un legítimo uso del derecho de huelga, dejando el país indefenso o a merced de los delincuentes. En principio debieran estar magníficamente pagados y considerados por la sociedad, otra cosa es que injustificadamente no lo estén, pero una de las garantías que a cambio de entregarles un monopolio en el uso de armas y, si es preciso, de limitar el ejercicio de sus libertades a los ciudadanos,  es que en todo momento la sociedad contará con sus servicios.

En la sociedad moderna han ido apareciendo estructuras o agrupaciones laborales que no existían a principios del siglo XX y que son absolutamente fundamentales para que la nación funcione. Agrupaciones como las de “controladores”, “conductores de metro”, “conductores de ferrocarriles”, de hecho, controlan en régimen de monopolio servicios a las actividades económicas y sociales que son esenciales en la vida de las ciudades y de los países modernos. Y estos no pueden estar pendientes del chantaje al que pueden ser sometidos cuando uno de dichos colectivos decide que su situación, laboral o económica debe cambiar.

El derecho a la huelga no debe cubrir a estos colectivos, la situación de privilegio en que se encuentran y, en que se deben encontrar, exige un equilibrio y este ha de ser la privación del derecho de huelga. Lo más probable es que se necesiten acuerdos a nivel europeo para cambiar la actual situación pero si necesitan que se consigan.

No hablemos de retrocesos en los derechos de los trabajadores, ni atentado a la democracia, ni  terminología similar. El primer derecho democrático y constitucional es el que tienen los ciudadanos a vivir  en una sociedad que les ofrezca seguridad y la posibilidad de realizar sus actividades profesionales, empresariales, artísticas y familiares sin traumáticas alteraciones producidas por grupos de conciudadanos en situaciones de poder que nadie les ha reconocido ni autorizado.

Elisa Martínez de Miguel

El Tamaño No Importa

            Publicado en "Cinco Días"

Agosto 2010

La afirmación que titula estos párrafos es de uso común, a veces defendida a veces atacada, pero en general poco analizada  en el porqué. A poco que reflexionemos podríamos llegar a un acuerdo de que antes que en el tamaño hemos de fijarnos en la adecuación que este tiene para los fines en que estimemos debe ser utilizado.

Estamos escribiendo sobre esas instituciones financieras denominadas Cajas de Ahorro y sobre la ola de promocionadas fusiones que ahora se nos presentan. Lo aclaro por si alguien iba por otros derroteros.

Parece ser que  el gigantismo se considera a menudo sinónimo de excelencia, y que todo, cuanto mas grande mejor. Pero, ¿para quien es mejor?. Evidentemente para quienes controlan las entidades, sean sus propietarios o los supuestos representares de los mismos. El gigantismo empresarial consigue con facilidad situaciones de monopolio más o menos manifiestas con sus consiguientes ventajas. Y en gran número de casos consigue la opacidad casi absoluta de su bien o mal hacer con la consiguiente impunidad para sus gestores.

Al menos teóricamente las Cajas de Ahorro no tiene más propietarios que los ahorradores o depositantes, masa difusa y con escasa, por no decir nula, capacidad de exigir  y controlar la honesta y eficaz gestión de las mismas.

Un tamaño mayor mediante la fusión de dos o tres de las Cajas de Ahorro existentes, actualmente se nos presenta como la solución de posibles problemas de viabilidad de las fusionadas, derivados todos ellos, naturalmente, de una ineficaz y torpe gestión.

Unas entidades que seguirán siendo gestionadas por políticos, procedentes de ayuntamientos, diputaciones y juntas autonómicas, por representantes sindicales y, como “florero de adorno” por algún depositante menos o nada cualificado. Consejeros y gestores que se sentarán en los nuevos “macro consejos”, con el conocimiento de que los anteriores gestores, en muchos casos ellos mismos, han sido impunes a los desbarajustes que han originado y que al final “papá Estado” te salvará de la quema a costa del erario público ¿De verdad creemos que estas enormes entidades que se están promocionando, se van a poder controlar por alguna entidad ajena a ellos mismos?.

Estamos promocionando monstruos financieros incontrolables, que en absoluto servilismo hacia el poder político de turno, financiarán y facilitarán créditos en donde el interés del poder político estime más conveniente para su promoción y mantenimiento, que no para el futuro de los ciudadanos. Si alguna vez coinciden ambos intereses pues suerte que hemos tenido. Y  desde luego nadie estará en condiciones de exigir responsabilidad alguna, real y concreta, por los desafueros que se cometan. Estamos cultivando poder absoluto, no control democrático.

Elisa Martínez de Miguel

El Estado de los Ciudadanos

Publicado en "El Economista"

   Junio  2010

Ha habido hace unos días en este país, un debate llamado  “Debate sobre el Estado de la Nación”.

La conclusión a que fácilmente se llega es que una gran mayoría de ciudadanos, no muy entendidos en materia política y económica, están absolutamente hartos y que parte de su imposible paraíso particular es aquel en el que desaparezcan todos los políticos del mapa. Y hay otro grupo de ciudadanos, que en algún modo saben de que va la economía y la política de la nación, que se encuentran en estado de desolación.

Estoy escribiendo sobre los que actualmente y cada vez con mayor reiteración se denominan ciudadanos de a pié. La calificación sólo la encuentro justificada si estamos diferenciando a los que tienen coche oficial y a los que no, los segundos son los de a pié.

¿Qué eco puede tener un debate cuyos momentos culminantes son: “márchese”, “convoque elecciones”, e “intente echarme”, “presente una moción de censura”?. ¡¡¡ Si eso ya lo sabemos todos ¡!! . El que está sentado no se quiere levantar y el que está de pié se quiere sentar. Para llegar a estas brillantes conclusiones no hace falta un debate, ni siquiera una conversación de café.

El debate se debiera llamar y desde luego fijar su contenido en “Debate sobre la situación de los Ciudadanos”. Los ciudadanos quiere que se debata la situación que les afecta en forma directa y que se les ofrezcan soluciones que produzcan un efecto inmediato: ¿Cuanto tiempo va a durar esta situación económica con más de cuatro millones de parados y qué medidas se están tomando para hacerla desaparecer?. ¿Con que medidas se va a resolver la ausencia de crédito a las empresas?, ¿Que se va a hacer con la inmensa corrupción que está impregnando todo el país y que, parece ser, nadie tiene intención de corregir y si de aprovechar? Podría hablarse también de que impacto va a tener la progresiva retirada de subvenciones de la UE, que va a afectar a toda nuestra agricultura o al menos a producciones muy importantes…., en fin, y muchos otros temas de gran importancia. 

Desengáñense, si es que están engañados, señores diputados. El problema inmediato de la mayoría de los ciudadanos, en el momento actual, no es el nivel de inteligencia de uno u otro líder, ni su carisma, ni su capacidad de liderazgo, ni el incumplimiento de promesas echas en campañas electorales. Ni tampoco si determinados agrupaciones de políticos abanderan más o menos autonomías e incluso pronuncian la palabra independencia. Todo ello lo discutiremos o lo discutirán ustedes cuando el ciudadano tenga claro como llegar a fin de mes, que por el momento no lo tiene claro.

Elisa Martínez de Miguel

Responsables, las Personas, no las Instituciones

Publicado en "Negocio"

Julio 2010

La actual crisis económica está transmitiendo un elevado nivel de fatalismo; un mensaje de resignación ante los acontecimientos de los que nadie parece responsable. Al ciudadano no le queda sino soportar el repetido discurso de que no hay personas responsables y a nadie puede exigirse responsabilidad sobre lo sucedido ni sobre lo que sucede.

En definitiva ¿quienes son los autores del actual desaguisado económico, de las equivocadas decisiones y las permisivas actuaciones que nos han conducido a la actual catástrofe económica? Por lo visto, entidades sin cara y sin cuerpo, que no vemos ni conocemos, entidades e insituciones inaccesibles y lejanas.

Se nos presentan como responsables las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos, el sector público, la banca, el sector financiero, el sector energético y otras instituciones con denominaciones varias, pero tan inaccesibles a la exigencia de responsabilidad como si achacásemos nuestros males a “la providencia”, a “la fatalidad”, o a “los ciclos económicos”.

Lo cierto es que a la situación actual generada por un gasto público y privado de locos, por la concesión de créditos sin respaldo alguno que garantizase su devolución, y por unos déficit insostenibles, nos han conducido personas que, con las denominaciones de presidentes, consejeros, directores generales, alcaldes o diputados, tienen nombre y apellido, que cobran por gestionar y dirigir, que disponen de patrimonios propios generados en los cargos que han venido ostentando y aun mantienen.

Quienes asumen una responsabilidad de dirección y de gestión, son los responsables del éxito y del fracaso de la misma y por ello cobran y ostentan privilegios. El éxito o el fracaso pueden depender de su competencia, de su esfuerzo, de su honestidad y en muchos casos de circunstancias no controlables y sobrevenidas que aglomeramos bajo la denominación de suerte o fortuna.

Pero la responsabilidad siempre es de personas con nombres y apellidos, con cara y ojos, que nos ven y a quienes miramos, que nos oyen y a quienes escuchamos. Y a quienes premiamos en el éxito y a quienes debemos sancionar en el fracaso. Una ley básica de equilibrio social exige que frente a los repartos de beneficios, dietas de consejero, coches oficiales, pensiones suntuosas y demás prebendas, en el otro lado de la balanza deben existir ceses, destituciones, inhabilitaciones y en su caso procedimientos penales.

Es hora de que dejemos de utilizar las denominaciones institucionales como tela traslúcida, que oculta a las personas que las han dirigido. Son estas personas las responsables y a quienes hemos de exigir responsabilidad. “De los escarmentados nacen los avisados”. Si no escarmentamos a los actuales responsables, que los hay, y los dejamos difuminarse en la absoluta impunidad, como se está haciendo; “Otros vendrán que buenas las harán”.

Elisa Martínez de Miguel

Todos somos Culpables

Publicado en "Negocio"

Junio 2010 

La actual crisis económica, quizás haya que ponerla con mayúsculas, ha elevado la disculpa a argumento de estado. Quienes nos gobiernan argumentan con total desparpajo; que a todo el mundo se le ha venido encima la crisis, que nadie previó las consecuencias de las causas y que por tanto nadie es responsable de lo ocurrido.

Los funcionarios no son responsables. El que hayan tolerado el despiadado incremento de plantillas, sin procesos de selección objetivos y sin previos estudios,  del personal necesario y funciones que habían de abordarse, manteniendo en todos los casos sus incrementos remunerativos y sus privilegios de inamovilidad funcional y geográfica, no vienen a cuento y no son causa, ni permiten exigir responsabilidad.

Las entidades financieras, de toda clase, tampoco son responsables. El que se haya facilitado el endeudamiento a toda una masa de población que era totalmente previsible que no disponía, ni dispondría en el futuro, de capacidad para generar las rentas necesarias para devolver lo recibido, no genera responsabilidad ni en consejeros ni en directivos.

Que empresas, grandes, medianas y pequeñas, hayan abordado proyectos sin más garantía de financiación que, todo se vende y todo sube de precio, no implica que se puedan juzgar gravísimos errores de planificación ni que, mediante los procedimientos concúrsales correspondientes, haya que exigir las correspondientes responsabilidades a sus dirigentes.

Las organizaciones sindicales no  tenían por que analizar lo que estaba ocurriendo en el mercado de trabajo, ni plantearse a donde se iba manteniendo una situación en que, en la época del mayor crecimiento económico que este país ha conocido, se mantuviese un paro estructural de dos millones de trabajadores, debidamente subvencionados eso sí. Que se permitiese la existencia de una potencial masa laboral, mayormente inmigrantes pero no sólo, de cerca de cuatro millones, que podían contratarse sin garantías laborales mínimas. Que se haya tolerado un abuso ostensible de la figura del liberado sindical. Que se hayan exigido unas condiciones de cancelación del contrato laboral, en casi la totalidad de los casos, en vía jurisdiccional y en las condiciones más gravosas para el empresario.

Y que decir del gobierno, acrecentando unos presupuestos de gastos, mayormente en gastos corrientes, con nóminas, subvenciones y obras sin más justificación que la oportunidad política, sin prever unas fuentes de ingresos coherentes con el volumen de gastos.

Los partidos políticos, viendo pasar la corrupción de origen urbanístico por delante de sus narices un día, otro día y otro más. Los más honestos mirando hacia otro lado y los restantes participando en el festín sin pudor alguno y en claro y ostensible desprecio hacia sus votantes en la seguridad de que les volverían a votar.

Nadie haciendo caso de los estudios realizados y publicados por profesionales de la economía y catedráticos de nuestros centros de enseñanza que preveían lo que iba a ocurrir.

No puedo encontrar quien está legitimado para decir que no somos responsables y que no tenemos por que pagar la factura. No es válido, ni es cierto afirmar que uno no es responsable de la crisis y que no le corresponde pagarla. Todos somos responsables y sabíamos donde nos estábamos metiendo, pero entonces había muchos intereses creados y ha llegado la hora de que entre todos paguemos la factura.

Elisa Martínez de Miguel

¿De Quién son las Cajas?

Publicado en "Cinco Dias"
Junio 2010

Pues, son de usted, de su vecino, de su otro vecino y también mías, claro.

Las Cajas de Ahorro no tienen accionistas, no tienen un capital que pertenezca a unos titulares persona físicas o jurídicas. Son gestionadas por Consejos de Administración formados por personas que ostentan la representación de un variopinto grupo de entidades: ayuntamientos, diputaciones, autonomías, diversos sindicatos, los impositores y el personal de la propia Caja.

Las Cajas no reparten dividendos, es decir si obtienen beneficios estos deben ser destinados a “capitalizar” la propia Caja, o en un porcentaje relevante a la Obra Social, que lo reparte entre diversas entidades sin animo de lucro, culturales o de asistencia social en sus diversas modalidades.

Las Cajas de Ahorro son entidades financieras sujetas a las disciplina del Banco de España que inspecciona regularmente su situación, y en el caso de que el resultado de su gestión sea deficitario con riesgo de quiebra, se produce una intervención de dicho organismo.

Los gestores de las sociedades mercantiles quebradas o en concurso de acreedores, se ven sometidos a rigurosos procedimientos, que determinan su responsabilidad en la situación societaria creada y que en alguna forma pretende garantizar una gestión eficaz, en custodia de los intereses de los accionistas y de los terceros que en la entidad han confiado.

En las Cajas se evita por encima de todo entrar en una situación concursal o de quiebra, se fusionan con otra caja, o son absorbidas, se busca una fórmula para reponer el equilibrio patrimonial con recursos públicos (el FROB). La responsabilidad de los gestores, si es que alguien la exige,  queda difuminada y la generalidad de los ciudadanos no suelen tener conocimiento de sus consecuencias.

Las Cajas de Ahorro tuvieron un origen y una finalidad, que tenía que ver con un carácter de obra social que muchas de ellas cumplieron honorablemente, a demás de hacer aportaciones muy positivas al sistema económico y social español.

Llegados a la situación actual no sé si sería preferible que las Cajas sean declaradas entidades financieras de propiedad pública y gestionadas por presidentes ejecutivos,  consejos de administración o directivos profesionales, seleccionados por sus conocimientos técnicos y no por su filiación política.

Pero es muy probable que la opción obligada sea privatizar las Cajas, permitiendo así su acceso al mercado de capitales, se da actualmente la paradoja de que una Caja puede comprar un Banco, pero un Banco no puede comprar una Caja. Mejoraría  la transparencia del sistema financiero y su gestión sería más  acorde con criterios técnicos propios del sector, separando la labor de atender a entidades de asistencia social y cultural, que como en el modelo italiano, se pueden confiar a  Fundaciones.