Nuevo proceso Constitucional

Han finalizado las elecciones en “El País Vasco”, también en ” La Comunidad Gallega” y quedan unos cuantos días para que se celebren las correspondientes en “La Comunidad Catalana”. Es de esperar un periodo de reposo en cuestiones de campañas electorales, que alteran los nervios de los potencialmente elegibles y sumen en el aburrimiento a la mayoría de los electores. Este periodo debería aprovecharse para, calmadamente, hacer algo, que reordene algunas cuestiones, de especial susceptibilidad.

La situación económica parece que se va encauzando, hasta donde es posible encauzarla y desde luego con una absoluta disconformidad de la mayoría de los ciudadanos, totalmente convencidos, con razón o sin razón, de que las decisiones adoptadas para resolverla, no han repartido equitativamente esfuerzos y sacrificios y que en la mayoría de los casos se ha obviado exigir responsabilidades a quienes como responsables, por acción u omisión, del origen de la crisis, se vienen denunciando, como presuntos, en los medios de comunicación.

En un repaso muy rápido y desde luego no exhaustivo, tenemos sobre la mesa o mejor sobre la calle las siguientes cuestiones: La nueva estructura del Estado. Las sentencias, tiempos y prescripciones  de la Justicia, la  Enseñanza  y la Sanidad, los dos pilares de lo que se denomina “El Estado del Bienestar”, ya que los mensajes lanzados sobre la ciudadanía, asegurando su deterioro, su alejamiento de la cobertura universal y de calidad, son permanentes.

El problema de la vivienda, los desahucios, y la dación en pago se está convirtiendo en una cuestión de ámbito nacional, con desprecio de normas jurídicas y de criterios políticos de convivencia social. El sector financiero es mirado con rencor, como principal posible culpable y beneficiario de un trato privilegiado con cargo a los fondos de todos los ciudadanos. La corrupción de miembros de las Administraciones Públicas, ya sean políticos, aforados o no, o de altos o medianos funcionarios, o de sus choferes y secretarias, ocupan las primeras planas de los medios de difusión.

Los políticos son para los ciudadanos, según encuestas publicadas, el tercer problema del Estado. No se considera que cumplan con su función representativa, generada en función de procesos electorales inadecuados. Se estima gozan de privilegios financieros, en sueldos, dietas, tratamiento fiscal, pensiones, amén de impunidad en ciertas áreas y tratamiento especial en procesos que nada tienen que ver con su función política, y todo ello es  considerado intolerable.

No hay otra respuesta a la actual situación que abrir un nuevo proceso constitucional. La actual Constitución Española, se redactó en circunstancias muy excepcionales, no es adecuada a los tiempos actuales y está sirviendo de referencia para no iniciar procesos de saneamiento que son absolutamente necesarios. La Constitución española se ha quedado obsoleta. El no adecuarla a la problemática actual de los ciudadanos españoles, es un delito político, que pagarán no sólo quienes han debido iniciar el proceso de adaptación, si no también y para no variar, los de siempre.

¿Que Quieren los Ciudadanos?

Aunque nos parezca, a algunos,  que el nombrar gobernantes ha de hacerse mediante el voto ciudadano, esta fórmula es más reciente de lo que podamos sentir. La mayor parte de los españoles  hemos vivido en democracia,  y de otros sistemas de gobierno, o lo hemos leído en los libros o nos lo han contado nuestros padres. Y quizás el que sea este sistema nuestro único conocimiento sensible, nos hace ser un tanto frívolos al juzgarlo, utilizarlo y someterlo a riesgos de permanencia.

Cuando los ciudadanos no votaban, los dirigentes tenían una tremenda tendencia a conducir al pueblo  hacia la transcendencia. Conceptos como religión y patria se utilizaban constantemente, y símbolos como banderas, himnos, cruces y santos, marchaban al frente de masas que no sabían hacia donde iban. Marchaban tras los reyes, los caudillos, los dirigentes, ungidos por ellos mismos, pero en nombre de lo transcendente.

Pero en un mundo de cultura occidental, esos tiempos ya pasaron; quedan pequeños núcleos, con niveles culturales inferiores, con ancestrales odios sin resolver y en general cultivados por quienes los dirigen, y en base a ello se sigue con la retórica política de hace más de cien años, sin asumir que los ciudadanos, hoy piden otras cosas, ya hartos de transcendencias.

El ciudadano de hoy quiere que a cambio de su voto, de ceder su cuota de derecho a decidir sobre su vida, se le ofrezcan  inmediateces esenciales para poder vivir con calidad y en su libre albedrio, no transcendencias, en definitiva “poder llegar a fin de mes”.

Quiere que se le exponga como va a conseguir un puesto de trabajo, como va a obtener una remuneración suficiente para poder llevar una vida de calidad, o cómo va a poder ejercer su profesión libremente y con un decoro remunerativo. El que se siente con alma de empresario querrá que le cuenten como se generará un ámbito financiero y económico en el que las empresas sean viables y un honesto medio de vida. Y también querrá escuchar cómo se hará para que la seguridad ciudadana sea cierta y para que la Justicia sea eso, justicia en tiempo y forma.

Y todo ciudadano desea, que se le garantice que si él aporta su esfuerzo podrá disponer de una vivienda suficiente, cómo va a ser atendido si caen en enfermedad él o los suyos. Desea saber cómo se le garantiza una educación a sus hijos, según la capacidad de los mismos pero suficiente para el día de mañana encontrar trabajo. Y quiere tener garantizado que cuando llegue el momento en que se deba retirar del mundo del trabajo, disponga de una pensión suficiente y no burlesca que le lleve a la miseria.

Alucina el contemplar que, aun hoy día, hay quienes piden el voto, alzando una bandera y gritando nuestra patria. La patria es todo lo que los ciudadanos piden en trocitos, día a día, cuando piden trabajo, vivienda, enseñanza, sanidad,  seguridad y justicia. Y esto es lo que se debe ofrecer a cambio del voto, explicarlo y en su día cumplirlo.

Cuadrando Círculos

Hay dos índices, de los muchos en uso, para exponer la evolución económica de un país: el denominado P.I.B. (Producto Interior Bruto), que representa, con matices, la evolución de la riqueza de un país, si aumenta es que la situación económica mejora y si baja es que la situación empeora; y el índice de paro, que según va aumentando indica que hay más trabajadores parados y si baja que hay menos, podríamos decir que este es el índice de malestar social.

El deseo de todo gobernante y con seguridad de todos los protagonistas sociales, partidos políticos, sindicatos, patronal e instituciones varias, es por tanto que el primero, el P.I.B aumente y que el segundo disminuya. Y se suele expandir la creencia que ambos índices, mantienen una relación de crecimiento inverso, el paro disminuye cuando crece el P.I.B. y viceversa, pero esto no siempre es así.

Creo que se podría afirmar que el crecimiento del P.I.B. es condición  necesaria para que el paro disminuya, pero no condición suficiente.

La inversión española en el extranjero, magnífica y meritoria, indudablemente hará crecer nuestro P.I.B. y también la recaudación fiscal, pero su incidencia sobre el índice de paro será menor de lo que se supone. La mayor parte de los trabajadores serán contratados en los puntos donde las obras o contratos se ejecuten, es decir fuera de España, y una gran parte de los suministros necesarios no serán de procedencia española.

Las empresas españolas tienen, en el momento actual, un alto nivel de infrautilización, es decir con los mismos medios que están utilizando pueden aumentar su producción en forma importante, por tanto, se incrementará su aportación al  producto interior, y también mejorará el índice de competitividad, pero no incidirá igualmente en la mejora del volumen de paro.

Y analizando el futuro del volumen de paro en España, no podemos pasar por alto que se ha estado clamando por un adelgazamiento de la Administración Pública, es decir, cientos de personas ya sea con calificación de laborales o de funcionarios. Muchos quizás pasen a aumentar el número de jubilados pero una gran proporción pasarán a engrosar las listas del paro. Se habla de un exceso de personal en la Administración del entorno de un millón de personas. Muy pocos están en condiciones de incorporarse a empresas privadas.

Puede que si se toman las medidas adecuadas, nos encontremos con un importante crecimiento del P.I.B. y nos felicitaremos, pero con cerca de seis millones de parados. Como ello socialmente es imposible de mantener habrá que ir cambiando la filosofía sobre la creación de nuevas actividades que generen gran número de puestos de trabajo e incluso del reparto de las horas de trabajo disponibles.

Federalismo o Autonomía

No parece que la actual situación, en relación con la estructura del Estado Español, pueda mantenerse indefinidamente, a base de mirar para otro lado, ya se trate de aspiraciones  de los ciudadanos de determinadas autonomías o de meras maniobras políticas.

En términos generales, los conocedores de estos temas dicen que las diferencias entre un Estado Federal y el existente Estado de las Autonomías, que estructura la Nación española,  no parecen ser muy relevantes. Los territorios que forman parte del estado central (Federación) se llaman a su vez Estados (Federados), y tienen su propia Constitución. En España son Comunidades Autónomas y tienen Estatutos de Autonomía.

Pero es cierto que la mayoría de los ciudadanos de esta nación, desconocen totalmente las consecuencias inmediatas y posteriores, directas e indirectas, que un cambio de tal naturaleza supondría.

Creo que convendría que se diese a conocer, qué supondría para los ciudadanos españoles un posible cambio a un Estado Federal; qué supondría para sus empresas; para las relaciones entre los ciudadanos de los posibles estados federados; las competencias que se mantendrían en los órganos institucionales comunes y las que asumirían los propios de cada autonomía; las consecuencias en el área económica y financiera; la posibilidad de convivir con legislaciones civiles, mercantiles, administrativas y penales diversas; que instituciones sobrevivirían, cuales desaparecerían, y cuales se duplicarían.

Sobre todo este proyecto siempre volará una sombra, la asimetría. Esto quiere decir que algunos Estados Federados tengan mas cuota de autogobierno y se consideren con  más derechos, que han de tener mayor participación en el todo, que  si hay justicia ellos han de ser más, recibir más y tener más. En un Estado federal “simétrico”, cada territorio tiene los mismos poderes y las mismas competencias que el resto, en un Estado Federal “asimétrico” puede haber uno o varios territorios que tengan mas competencias que el resto. De hecho el estado autonómico español es  asimétrico, por ejemplo, Navarra y País Vasco tienen mas competencias  en materia fiscal que el resto de las Comunidades.

En todo caso el establecimiento de un modelo federal en España, se debería hacer mediante una reforma constitucional que requerirá del máximo consenso entre los partidos y los ciudadanos. Cuando exista un didáctico informe con proyección de convertirse posteriormente en norma constitucional, dado a conocer y debatido en los medios políticos, empresariales y en los medios de comunicación, se debería convocar un referéndum, para que los ciudadanos se pronuncien y en su caso se proceda a modificar la actual Constitución. Pero antes de meternos en semejante pantanal a ver si conseguimos que sepamos donde nos metemos.

Independencia

Ante una permanente y constante demanda de Cataluña, que por su propia dinámica siempre será imposible de satisfacer, de un trato más favorable que el actual, sobre todo en el área económica, salta a primer plano la palabra independencia.

En primer lugar sería muy discutible, y desde luego necesario comprobar, hasta donde el ansia de independencia impregna el sentir de la mayoría de los ciudadanos catalanes, y hasta donde es un instrumento que círculos políticos utilizan en simple provecho propio, sin el menor escrúpulo del daño que puedan causar al colectivo que representan, aunque, eso sí, hayan sido elegidos democráticamente.

Quizás, en vez de envolverse tanto en la bandera y entonar su himno, lo que es importante para un pueblo, digno de respeto, debería  exponerse a los ciudadanos, con claridad, cuál son las dificultades del camino a recorrer, si se toma una dirección u otra, y las consecuencias inmediatas y  a medio y largo plazo.

Una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y no podría acceder a ella más que con el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros, entre ellos España.

Un estado soberano e independiente, creo recordar, que tenía como características: Moneda y Hacienda propia, Servicio Exterior propio, Justicia independiente y Ejército nacional. De la nueva situación se derivan una serie de preguntas, que merecen respuesta y aclaración para ciudadanos cuya vida daría un giro de ciento ochenta grados y que en su mayoría no saben que hay en el nuevo camino que se les propone recorrer.

¿Los ciudadanos con residencia en Cataluña habrían de exhibir un pasaporte de país extracomunitario para entrar en los países de la Unión Europea, incluso en España? La libre circulación de ciudadanos es para los que lo son de la Unión Europea, no para los de terceros países. ¿Se establecería una nueva normativa sobre inmigración y libre circulación de mercancías? ¿Quedaría monetariamente Cataluña fuera del Euro?¿Dispondría Cataluña de un ejército propio que le permitiese adherirse a la O.T.A.N y atender su colaboración con el resto de los países de la Unión Europea?¿Está Cataluña en condiciones de instaurar los Servicios Exteriores, es decir embajadas y consulados en las naciones del resto del mundo, que su independencia exigiría?

Si se pretende, mediante un proceso público consultivo, conocer lo que los ciudadanos quieren, habrá que empezar por que conozcan las consecuencias de su respuesta, si no toda respuesta estará carente de sentido.

Elisa Martínez de Miguel

2013

Justicia, Solidaridad o Beneficencia

De nuevo la discusión sobre la financiación de las Pensiones. Según mi opinión es de absoluta prioridad dar una nueva solución al problema de las jubilaciones y  régimen de pensiones en nuestro país.

La financiación del sistema de pensiones no puede seguir siendo una consecuencia de aportaciones pretéritas coactivamente determinadas y exigidas por la Administración.  Su financiación ha de proceder, en su totalidad, de los Presupuestos Generales del Estado y de las Autonomías y ha de constar, en ellos, como primera partida del Gasto Publico anual.

Ahondemos en la razón ética y solidaria del porqué de las pensiones.

Quienes durante años han trabajado, para mantener a las generaciones actuales y en proceso de  maduración, y que mediante su esfuerzo y privaciones han conseguido nuevos niveles de riqueza, mejores niveles de vida, son acreedores preferentes para que en el momento de ser sustituidos en sus lugares de trabajo continúen siendo mantenidos con la riqueza que se siga produciendo y en unos niveles que les permitan sobrevivir dignamente.

Y son acreedores preferentes, tan sólo porque trabajaron, porque en su día aportaron riqueza, porque su trabajo y el fruto de su esfuerzo permanecen para el disfrute de quienes les continúan. No en función de que ahorraron o dejaron de ahorrar. Quizás lo que queremos hubiesen ahorrado lo gastaron en quienes ahora los miran como una carga.

En resumen en un tema de solidaridad social, en cuanto no se puede permitir que quienes han perdido la capacidad de generar recursos para sobrevivir, por enfermedad o ancianidad, perezcan en  la indigencia. Lo cierto es, que duramente se sobrevive con la mayoría de las pensiones y, que el descenso en el nivel de vida de los perceptores, en el momento de pasar a la situación de pensionista, es general y muy notable.

La atención del pago de las pensiones en función de la cuantía aportada en su día por los actuales perceptores es imposible de mantener. Los procesos inflacionistas se llevarán por delante cualquier tipo de situación que, en un principio,  se estimase equilibrada. La Administración, por la propia naturaleza de su función, carece de posibilidad de gestionar fondos que recuperen la pérdida de poder adquisitivo.

Los periodos de cobro de pensiones se van a alargar permanentemente durante los próximos años, las mejores condiciones de vida permitirán a las actuales generaciones con edades en el entorno de los treinta años cumplir con facilidad los noventa años de edad media.

La edad de jubilación, es decir la edad en que habrán de retirarse los trabajadores, en un plazo inmediato, se tendrá que adelantar y no retrasar como artificiosamente se está defendiendo.

La masiva medida de acudir a las jubilaciones anticipadas en los últimos años demuestra que la realidad de las empresas no es mantener trabajadores a partir de determinada edad sino sustituirlos por trabajadores más jóvenes.

El actual sistema de pensiones no es viable por muchos cálculos y números que se hagan. Falla en su principio. La financiación y cuantificación individual no puede depender de la capacidad de ahorro personal.

Y una última reflexión:

En una nación donde rondamos el 26% de paro y en la que el que el paro juvenil se estima supera el 50%. ¿Es coherente alargar la edad de jubilación?. Parece mucho más lógico anticipar la edad a la que las generaciones mayores van dejando lugares libres a las nuevas generaciones y no al contrario. 

Elisa Martínez de Miguel

Septiembre 2012

¡No es el Momento!

Reiteradamente en los medios cuando alguien se levanta indignado sobre algún comportamiento acaecido poco ético y pide que se tomen medidas al respecto, hay quién le responde: “No es el momento”.

Pero ¿No es el momento, de qué?, pues no es el momento de encausar judicialmente a personas que, supuestamente, se han quedado con lo que no es suyo, que, supuestamente, han abusado de  situaciones de poder para enriquecerse o enriquecer a familiares o amigos o que, supuestamente, con la más absoluta incompetencia han administrado patrimonios ajenos arruinando a numerosas personas que les habían otorgado su confianza.

Pudiera ser que las dichas personas no sean culpables de actividades o actos delictivos. Lo que parece indudable es que se prestó dinero a quien  no tenía ni tendría capacidad para devolverlo, que  financiaron gigantescas estructuras sin disponer de fondos para hacerlo y parece indudable que por motivaciones políticas, que no económicas, se han financiado proyectos cuya rentabilidad no era previsible ni la recuperación de lo prestado posible.

Esta probado que esto se ha hecho con dinero y crédito de entidades públicas, que estas si eran de todos, y que estas entidades han quedado arruinadas, que ha habido que disolverlas y tras extraños procesos de fusión hacerlas desaparecer, con gravísimo perjuicio para el patrimonio público de los ciudadanos

Yo no me puedo creer que nuestra legislación no prevea, en ninguno de sus numerosos textos ya sea Código Penal, Código Mercantil, Legislación societaria o legislación aplicable a la gestión pública, que las conductas que se han puesto de manifiesto no den lugar al menos a que a los responsables de las debacles financieras producidas, de las quiebras y suspensiones de pagos generadas, que ante la ruina causada a cientos de empresas y particulares y la responsabilidad, desde luego indirecta, en la catastrófica situación de la economía del país, no existan argumentos para que las Fiscalias de este país pongan a disposición de los tribunales de justicia a los interesados.

La sensación o convencimiento, que tiene la ciudadanía, de que la “Impunidad” es la norma general que rige para las actuaciones de las personas integradas en cierto nivel social, es absoluta.

Es el momento. Decir que no, es colaborar en los procesos de impunidad si hay culpabilidad y en los de desaliento, insolidaridad y desintegración del país si son inocentes y no se aclaran las situaciones.

¿Cuándo va a ser el momento?: ¿Cuando la situación general de la economía española se haya estabilizado y sepamos cuantos años de ruina nos quedan hasta volver a mantenernos con una cierta dignidad en los foros internacionales?.

Para entonces habrá una absoluta desconfianza en los gestores públicos y tristemente también en la denominada, Justicia Española. Los posibles delitos habrán prescrito y la responsabilidad patrimonial derivada será prácticamente inexigible. Es decir impunidad total.