Nuevo proceso Constitucional

Han finalizado las elecciones en “El País Vasco”, también en ” La Comunidad Gallega” y quedan unos cuantos días para que se celebren las correspondientes en “La Comunidad Catalana”. Es de esperar un periodo de reposo en cuestiones de campañas electorales, que alteran los nervios de los potencialmente elegibles y sumen en el aburrimiento a la mayoría de los electores. Este periodo debería aprovecharse para, calmadamente, hacer algo, que reordene algunas cuestiones, de especial susceptibilidad.

La situación económica parece que se va encauzando, hasta donde es posible encauzarla y desde luego con una absoluta disconformidad de la mayoría de los ciudadanos, totalmente convencidos, con razón o sin razón, de que las decisiones adoptadas para resolverla, no han repartido equitativamente esfuerzos y sacrificios y que en la mayoría de los casos se ha obviado exigir responsabilidades a quienes como responsables, por acción u omisión, del origen de la crisis, se vienen denunciando, como presuntos, en los medios de comunicación.

En un repaso muy rápido y desde luego no exhaustivo, tenemos sobre la mesa o mejor sobre la calle las siguientes cuestiones: La nueva estructura del Estado. Las sentencias, tiempos y prescripciones  de la Justicia, la  Enseñanza  y la Sanidad, los dos pilares de lo que se denomina “El Estado del Bienestar”, ya que los mensajes lanzados sobre la ciudadanía, asegurando su deterioro, su alejamiento de la cobertura universal y de calidad, son permanentes.

El problema de la vivienda, los desahucios, y la dación en pago se está convirtiendo en una cuestión de ámbito nacional, con desprecio de normas jurídicas y de criterios políticos de convivencia social. El sector financiero es mirado con rencor, como principal posible culpable y beneficiario de un trato privilegiado con cargo a los fondos de todos los ciudadanos. La corrupción de miembros de las Administraciones Públicas, ya sean políticos, aforados o no, o de altos o medianos funcionarios, o de sus choferes y secretarias, ocupan las primeras planas de los medios de difusión.

Los políticos son para los ciudadanos, según encuestas publicadas, el tercer problema del Estado. No se considera que cumplan con su función representativa, generada en función de procesos electorales inadecuados. Se estima gozan de privilegios financieros, en sueldos, dietas, tratamiento fiscal, pensiones, amén de impunidad en ciertas áreas y tratamiento especial en procesos que nada tienen que ver con su función política, y todo ello es  considerado intolerable.

No hay otra respuesta a la actual situación que abrir un nuevo proceso constitucional. La actual Constitución Española, se redactó en circunstancias muy excepcionales, no es adecuada a los tiempos actuales y está sirviendo de referencia para no iniciar procesos de saneamiento que son absolutamente necesarios. La Constitución española se ha quedado obsoleta. El no adecuarla a la problemática actual de los ciudadanos españoles, es un delito político, que pagarán no sólo quienes han debido iniciar el proceso de adaptación, si no también y para no variar, los de siempre.