Junio 2010
Pues, son de usted, de su vecino, de su otro vecino y también mías, claro.
Las Cajas de Ahorro no tienen
accionistas, no tienen un capital que pertenezca a unos titulares persona
físicas o jurídicas. Son gestionadas por Consejos de Administración formados
por personas que ostentan la representación de un variopinto grupo de entidades:
ayuntamientos, diputaciones, autonomías, diversos sindicatos, los impositores y
el personal de la propia Caja.
Las Cajas no reparten dividendos, es
decir si obtienen beneficios estos deben ser destinados a “capitalizar” la
propia Caja, o en un porcentaje relevante a la Obra Social, que lo reparte
entre diversas entidades sin animo de lucro, culturales o de asistencia social
en sus diversas modalidades.
Las Cajas de Ahorro son entidades
financieras sujetas a las disciplina del Banco de España que inspecciona
regularmente su situación, y en el caso de que el resultado de su gestión sea deficitario
con riesgo de quiebra, se produce una intervención de dicho organismo.
Los gestores de las sociedades
mercantiles quebradas o en concurso de acreedores, se ven sometidos a rigurosos
procedimientos, que determinan su responsabilidad en la situación societaria
creada y que en alguna forma pretende garantizar una gestión eficaz, en
custodia de los intereses de los accionistas y de los terceros que en la
entidad han confiado.
En las Cajas se evita por encima de
todo entrar en una situación concursal o de quiebra, se fusionan con otra caja,
o son absorbidas, se busca una fórmula para reponer el equilibrio patrimonial
con recursos públicos (el FROB). La responsabilidad de los gestores, si es que
alguien la exige, queda difuminada y la
generalidad de los ciudadanos no suelen tener conocimiento de sus consecuencias.
Las Cajas de Ahorro tuvieron un
origen y una finalidad, que tenía que ver con un carácter de obra social que
muchas de ellas cumplieron honorablemente, a demás de hacer aportaciones muy
positivas al sistema económico y social español.
Llegados a la situación actual no sé
si sería preferible que las Cajas sean declaradas entidades financieras de
propiedad pública y gestionadas por presidentes ejecutivos, consejos de administración o directivos
profesionales, seleccionados por sus conocimientos técnicos y no por su
filiación política.
Pero es muy probable que la opción obligada
sea privatizar las Cajas, permitiendo así su acceso al mercado de capitales, se
da actualmente la paradoja de que una Caja puede comprar un Banco, pero un
Banco no puede comprar una Caja. Mejoraría
la transparencia del sistema financiero y su gestión sería más acorde con criterios técnicos propios del
sector, separando la labor de atender a entidades de asistencia social y cultural,
que como en el modelo italiano, se pueden confiar a Fundaciones.
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