La financiación del
sistema de pensiones no puede seguir siendo una consecuencia de aportaciones
pretéritas coactivamente determinadas y exigidas por la Administración. Su financiación ha de proceder, en su
totalidad, de los Presupuestos Generales del Estado y de las Autonomías y ha de
constar, en ellos, como primera partida del Gasto Publico anual.
Ahondemos en la razón
ética y solidaria del porqué de las pensiones.
Quienes durante años
han trabajado, para mantener a las generaciones actuales y en proceso de maduración, y que mediante su esfuerzo y
privaciones han conseguido nuevos niveles de riqueza, mejores niveles de vida,
son acreedores preferentes para que en el momento de ser sustituidos en sus
lugares de trabajo continúen siendo mantenidos con la riqueza que se siga
produciendo y en unos niveles que les permitan sobrevivir dignamente.
Y son acreedores
preferentes, tan sólo porque trabajaron, porque en su día aportaron riqueza,
porque su trabajo y el fruto de su esfuerzo permanecen para el disfrute de
quienes les continúan. No en función de que ahorraron o dejaron de ahorrar.
Quizás lo que queremos hubiesen ahorrado lo gastaron en quienes ahora los miran
como una carga.
En resumen en un tema
de solidaridad social, en cuanto no se puede permitir que quienes han perdido
la capacidad de generar recursos para sobrevivir, por enfermedad o ancianidad,
perezcan en la indigencia. Lo cierto es,
que duramente se sobrevive con la mayoría de las pensiones y, que el descenso
en el nivel de vida de los perceptores, en el momento de pasar a la situación de
pensionista, es general y muy notable.
La atención del pago
de las pensiones en función de la cuantía aportada en su día por los actuales
perceptores es imposible de mantener. Los procesos inflacionistas se llevarán
por delante cualquier tipo de situación que, en un principio, se estimase equilibrada. La Administración,
por la propia naturaleza de su función, carece de posibilidad de gestionar
fondos que recuperen la pérdida de poder adquisitivo.
Los periodos de cobro
de pensiones se van a alargar permanentemente durante los próximos años, las
mejores condiciones de vida permitirán a las actuales generaciones con edades
en el entorno de los treinta años cumplir con facilidad los noventa años de
edad media.
La edad de
jubilación, es decir la edad en que habrán de retirarse los trabajadores, en un
plazo inmediato, se tendrá que adelantar y no retrasar como artificiosamente se
está defendiendo.
La masiva medida de acudir
a las jubilaciones anticipadas en los últimos años demuestra que la realidad de
las empresas no es mantener trabajadores a partir de determinada edad sino
sustituirlos por trabajadores más jóvenes.
El actual sistema de
pensiones no es viable por muchos cálculos y números que se hagan. Falla en su
principio. La financiación y cuantificación individual no puede depender de la
capacidad de ahorro personal.
Y una última reflexión:
En una nación donde
rondamos el 26% de paro y en la que el que el paro juvenil se estima supera el
50%. ¿Es coherente alargar la edad de jubilación?. Parece mucho más lógico
anticipar la edad a la que las generaciones mayores van dejando lugares libres
a las nuevas generaciones y no al contrario.
Elisa Martínez de Miguel
Septiembre 2012
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