Junio 2010
La actual crisis económica, quizás
haya que ponerla con mayúsculas, ha elevado la disculpa a argumento de estado.
Quienes nos gobiernan argumentan con total desparpajo; que a todo el mundo se
le ha venido encima la crisis, que nadie previó las consecuencias de las causas
y que por tanto nadie es responsable de lo ocurrido.
Los funcionarios no son responsables.
El que hayan tolerado el despiadado incremento de plantillas, sin procesos de
selección objetivos y sin previos estudios,
del personal necesario y funciones que habían de abordarse, manteniendo
en todos los casos sus incrementos remunerativos y sus privilegios de
inamovilidad funcional y geográfica, no vienen a cuento y no son causa, ni
permiten exigir responsabilidad.
Las entidades financieras, de toda
clase, tampoco son responsables. El que se haya facilitado el endeudamiento a toda
una masa de población que era totalmente previsible que no disponía, ni dispondría
en el futuro, de capacidad para generar las rentas necesarias para devolver lo
recibido, no genera responsabilidad ni en consejeros ni en directivos.
Que empresas, grandes, medianas y
pequeñas, hayan abordado proyectos sin más garantía de financiación que, todo
se vende y todo sube de precio, no implica que se puedan juzgar gravísimos
errores de planificación ni que, mediante los procedimientos concúrsales
correspondientes, haya que exigir las correspondientes responsabilidades a sus
dirigentes.
Las organizaciones sindicales no tenían por que analizar lo que estaba
ocurriendo en el mercado de trabajo, ni plantearse a donde se iba manteniendo
una situación en que, en la época del mayor crecimiento económico que este país
ha conocido, se mantuviese un paro estructural de dos millones de trabajadores,
debidamente subvencionados eso sí. Que se permitiese la existencia de una
potencial masa laboral, mayormente inmigrantes pero no sólo, de cerca de cuatro
millones, que podían contratarse sin garantías laborales mínimas. Que se haya
tolerado un abuso ostensible de la figura del liberado sindical. Que se hayan exigido
unas condiciones de cancelación del contrato laboral, en casi la totalidad de
los casos, en vía jurisdiccional y en las condiciones más gravosas para el
empresario.
Y que decir del gobierno, acrecentando
unos presupuestos de gastos, mayormente en gastos corrientes, con nóminas,
subvenciones y obras sin más justificación que la oportunidad política, sin
prever unas fuentes de ingresos coherentes con el volumen de gastos.
Los partidos políticos, viendo pasar
la corrupción de origen urbanístico por delante de sus narices un día, otro día
y otro más. Los más honestos mirando hacia otro lado y los restantes
participando en el festín sin pudor alguno y en claro y ostensible desprecio
hacia sus votantes en la seguridad de que les volverían a votar.
Nadie haciendo caso de los estudios
realizados y publicados por profesionales de la economía y catedráticos de
nuestros centros de enseñanza que preveían lo que iba a ocurrir.
No puedo encontrar quien está
legitimado para decir que no somos responsables y que no tenemos por que pagar
la factura. No es válido, ni es cierto afirmar que uno no es responsable de la
crisis y que no le corresponde pagarla. Todos somos responsables y sabíamos
donde nos estábamos metiendo, pero entonces había muchos intereses creados y ha
llegado la hora de que entre todos paguemos la factura.
Elisa Martínez de Miguel
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