Enero 2011
Mediante un
proceso, denominado de desamortización, el Estado enajena bienes públicos o bienes
previamente expropiados a particulares. En España durante un periodo, que
aproximadamente duró doscientos años, se tuvo abierto un proceso de desamortización
que comprendió no sólo bienes de origen eclesiástico previamente expropiados,
sino bienes de propiedad pública, en su mayoría de carácter comunal.
Las motivaciones
para justificar este extraordinario procedimiento de transferencia de bienes e
incluso de reestructuración de la propiedad fueron esencialmente dos: Las
necesidades financieras del Estado, amortización de Deuda Publica, que había
alcanzado niveles que se consideraron excesivos; Y en segundo lugar; la
conveniencia de que propiedades que se consideraban escasamente rentables y que
no cumplían adecuadamente su función social de generar riqueza y crear puestos
de trabajo pasasen a propietarios más eficaces.
Lo que es cierto es que el Estado
resolvió, al menos temporalmente, su problema financiero, con el importe de lo obtenido.
En el momento actual, existen
algunas circunstancias que dan que pensar: El déficit público y como
consecuencia el endeudamiento del Estado esta alcanzando niveles alarmantes y
no claramente sostenibles; La necesidad de reactivar la economía y como
consecuencia inmediata incrementar o incentivar la creación de puestos de
trabajo, no está claro que no tenga que pasar por un considerable incremento de
la contratación pública; La sensación de que el sector público no hace nada útil
abordando, mediante su participación a través de entidades con diversa
denominación, actividades en que el
sector privado es más eficaz, es permanente y generalizada.
Con este panorama, los medios empiezan
a dar pistas sobre: La importante titularidad que el Estado, autonomías y
ayuntamientos tienen en bienes inmuebles que podrían sacarse al mercado. Las
últimas intervenciones públicas en relación con el Ayuntamiento de Madrid,
sugiriéndole paliar su déficit financiero mediante la enajenación de parte de
los edificios de su propiedad no es sino una muestra más de esta forma de ir
haciendo opinión; Otro sector que entra también en el punto de mira, son las
Televisiones públicas autonómicas, deficitarias, pero que en manos de empresas
privadas pasarían a ser un gran negocio; también la Sanidad Pública, sector que
privatizado y gestionado con criterios de empresa competitiva y rentable se
asegura que seria más eficaz y dejaría de ser una carga para los presupuestos
públicos, etc.
Como sucedió en su día, los
adquirentes serán quienes dispongan de medios financieros suficientes. A
algunos no nos parecería mal la privatización de sectores hoy en día públicos,
pero en determinadas condiciones, sin que ello fuese a precio de ganga y siempre
bajo un órgano de vigilancia serio, que empieza a haber movimientos y hay
entidades que no dan “puntadas sin hilo”.
Elisa Martínez de Miguel
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