viernes, 21 de septiembre de 2012

¡No es el Momento!

Reiteradamente en los medios cuando alguien se levanta indignado sobre algún comportamiento acaecido poco ético y pide que se tomen medidas al respecto, hay quién le responde: “No es el momento”.

Pero ¿No es el momento, de qué?, pues no es el momento de encausar judicialmente a personas que, supuestamente, se han quedado con lo que no es suyo, que, supuestamente, han abusado de  situaciones de poder para enriquecerse o enriquecer a familiares o amigos o que, supuestamente, con la más absoluta incompetencia han administrado patrimonios ajenos arruinando a numerosas personas que les habían otorgado su confianza.

Pudiera ser que las dichas personas no sean culpables de actividades o actos delictivos. Lo que parece indudable es que se prestó dinero a quien  no tenía ni tendría capacidad para devolverlo, que  financiaron gigantescas estructuras sin disponer de fondos para hacerlo y parece indudable que por motivaciones políticas, que no económicas, se han financiado proyectos cuya rentabilidad no era previsible ni la recuperación de lo prestado posible.

Esta probado que esto se ha hecho con dinero y crédito de entidades públicas, que estas si eran de todos, y que estas entidades han quedado arruinadas, que ha habido que disolverlas y tras extraños procesos de fusión hacerlas desaparecer, con gravísimo perjuicio para el patrimonio público de los ciudadanos

Yo no me puedo creer que nuestra legislación no prevea, en ninguno de sus numerosos textos ya sea Código Penal, Código Mercantil, Legislación societaria o legislación aplicable a la gestión pública, que las conductas que se han puesto de manifiesto no den lugar al menos a que a los responsables de las debacles financieras producidas, de las quiebras y suspensiones de pagos generadas, que ante la ruina causada a cientos de empresas y particulares y la responsabilidad, desde luego indirecta, en la catastrófica situación de la economía del país, no existan argumentos para que las Fiscalias de este país pongan a disposición de los tribunales de justicia a los interesados.

La sensación o convencimiento, que tiene la ciudadanía, de que la “Impunidad” es la norma general que rige para las actuaciones de las personas integradas en cierto nivel social, es absoluta.
Es el momento. Decir que no, es colaborar en los procesos de impunidad si hay culpabilidad y en los de desaliento, insolidaridad y desintegración del país si son inocentes y no se aclaran las situaciones.
¿Cuándo va a ser el momento?: ¿Cuando la situación general de la economía española se haya estabilizado y sepamos cuantos años de ruina nos quedan hasta volver a mantenernos con una cierta dignidad en los foros internacionales?.

Para entonces habrá una absoluta desconfianza en los gestores públicos y tristemente también en la denominada, Justicia Española. Los posibles delitos habrán prescrito y la responsabilidad patrimonial derivada será prácticamente inexigible. Es decir impunidad total.

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