Publicado en "Cinco Dias"
Enero 2010
El derecho de
huelga, hoy reconocido en los textos constitucionales de la mayor parte de los
estados democráticos, es una de las grandes conquistas de la denominada clase
trabajadora. Conquista que ha costado muchos esfuerzos, muchos sacrificios,
dolor y sufrimiento.
La ley del
péndulo está haciendo que lo que es uno de los más respetables derechos de los
trabajadores, se este convirtiendo en una amenaza para una convivencia pacífica
y comience a ser discutido y puesto en tela de juicio por los ciudadanos.
El hecho de que
se disfrace una huelga de trabajadores con otras denominaciones o actitudes,
como inasistencia al puesto de trabajo en forma coordinada, supuesta enfermedad,
bajas por indetectable depresión, u otras fórmulas al uso, no impide que los
efectos causados sean menores.
Un colectivo en
condiciones de poder paralizar determinados servicios públicos, hace uso de
este poder para obtener determinados beneficios en sus condiciones laborales,
mediante el secuestro y chantaje de masas de ciudadanos que carecen de
capacidad para reaccionar y que se ven dañados en el ejercicio de sus legítimos derechos.
Recientemente
hemos tenido que sufrir una nueva paralización o deterioro de los servicios
prestados por los denominados “Controladores de vuelo”. Sus reclamaciones
serían más o menos legítimas o razonadas, no lo se. Lo que desde luego no es legítimo
ni razonable es que miles de personas hayan visto limitado, perturbado e
incluso impedido su derecho a trasladarse a los lugares en que habían
proyectado sus vacaciones, sus visitas a familiares o el cumplimiento de sus
compromisos laborales. Ni es legítimo, ni es razonable, ni el respecto a las
normas democráticas supone el tener que tolerar este tipo de situaciones.
El mercado tiene
algunas columnas inamovibles que es preciso respetar y tener en cuenta. Entre
otras: promover el equilibrio entre la oferta y la demanda y no tolerar
situaciones de monopolio. El incumplimiento de ambos principios genera inexorablemente
situaciones de abuso por minorías en perjuicio de mayorías.
El hecho de un
colectivo determinado, considere y se permita bloquear un servicio cualquiera
sin poder ser relevados inmediatamente y sin existir alternativa que sustituya
y preste el servicio bloqueado o suprimido, supone, que dicho colectivo se
encuentra en situación de monopolio y hay que afirmar que la oferta no es
suficiente para satisfacer la demanda.
¿Cómo se suprime
el desequilibrio del mercado cuando la oferta es escasa o el oferente se
encuentra en situación monopolística?; Pues aumentando la oferta, salvo que se
quiera intervenir el mercado directamente, lo cual ni es conveniente ni
recomendable.
Si el número de
controladores es de trescientos; pues se aumentan las plantillas a seiscientos
o mil doscientos. Se contrata personal con cualificación suficiente, para
cubrir los nuevos puestos, que lo hay en nuestra nación en otras áreas, o se
ofertan al extranjero, que sus remuneraciones en ambos casos son mucho más
reducidas. El coste de estos nuevos puestos de trabajo siempre será muy
inferior al perjuicio económico causado por las actuales conductas insolidárias
que este colectivo viene presentando y
desde luego de las que seguirá presentando en el futuro.
No sólo existe
este colectivo, hay otros en situaciones igualmente de privilegio y que con
periodicidad hacen uso de su situación para amedrentar a los ciudadanos y que estos
exijan a las autoridades que toleren y acepten sus condiciones.
Si la solución no
se consigue por este camino tan legítimo, como es intervenir para equilibrar el
mercado en grave situación de deterioro,
en el futuro será peor pues es evidente que cada vez será mayor la demanda de
ciertos servicios de uso generalizado y no sustituibles, cada vez será mayor el
poder de estos grupos insolidarios y las medidas alternativas a tomar tendrán
que ser mucho más radicales y perjudiciales para todos.
Elisa Martinez de Miguel
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