lunes, 17 de septiembre de 2012

Urbanismo y Corrupción

Publicado en "Cinco Dias"
                                                                Diciembre 2009

Hubo un día, en que a alguien se le ocurrió que la forma de reducir el consumo de alcohol en EE.UU y mejorar la salud de sus ciudadanos, era prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todo el país.

En algunos momentos, por necesidades fiscales y con el deseo de mejorar la salud de los ciudadanos, los impuestos sobre el tabaco y sobre las denominadas bebidas espirituosas se incrementan en países concretos. La actual situación del comercio, de la distribución y de la producción de todo tipo de drogas,  seria un ejemplo más a aportar.

En todos los casos las consecuencias han sido las mismas: Aparición de poderosas organizaciones criminales dispuestas a cubrir la demanda; Políticos de todos los colores y tendencias sobornados; Agentes de la ley corruptos en cada esquina; y como resultado, la promulgación de duras normas represivas y la creación de una potente estructura policial y administrativa.

Los ciudadanos vieron como los jefes de las  bandas de delincuentes, así como políticos y miembros de la administración se hacían ricos, dejando de paso unos cuantos cadáveres por el camino. Todo acabó el día en que las leyes restrictivas de la producción del comercio y la distribución fueron derogadas. No obstante la estructura administrativa generada continuó buscándose otra justificación para permanecer.

La Tesis del potencial corrupto es muy simple: político en el poder “por favor usted prohíba o al menos restrinja, que si el mercado demanda,  yo me haré rico”.

En el denominado “Boom” urbanístico, los ciudadanos quieren consumir un bien, en este caso, viviendas, locales comerciales, solares construibles. Basándose en mejorar la vida del ciudadano con “ciudades más humanas” y con finalidades evidentemente recaudatorias, aparece una dura legislación restrictiva.  Rápidamente un mundo de carácter totalmente delictivo se pone en marcha; saltarse la restrictiva normativa legal es negocio y a ello se ponen buenos abogados y economistas que actúen de digna tapadera, pero sobre todo, los “conseguidores”, los hombres o mujeres clave. Ellos sabrán a que político hay que acudir para que de un empujoncito; a que funcionario, de mayor o menor nivel, sugerirle que corra el lápiz al trazar la línea en el mapa,  un poquito a la derecha, a la izquierda, para arriba o para abajo y quienes, en su caso si fuese necesario, se ofrecerán a trasladar los maletines precisos de uno a otro despacho y hasta si fuese oportuno allende las fronteras.

Es una pena, como ciudadano español, tener que leer en la prensa que en Europa está creciendo la percepción sobre la corrupción en España, acto seguido también leemos las declaraciones del Presidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trinchet diciendo que hay países europeos “muy cerca de perder la credibilidad”, ya entendemos que al menos uno de ellos, es el nuestro. Otro que apoya este argumento es Don Manuel Nuñez, Presidente del Tribunal de Cuentas cuando declara que “una ola de corrupción recorre España” y que “la corrupción municipal ha puesto al descubierto la necesidad de potenciar el control sobre el sector urbanístico”.

Endurezcamos la normativa penal: ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se denuncia una trama de corrupción hasta que existen sentencia definitiva? ¿Se recupera en algún caso, al menos parte sustancial de lo sustraído? En el cumplimiento de la condena restrictiva de libertad existen múltiples  remedios para hacerla muy llevadera y breve. ¿Existiría la posibilidad de: “Usted no sale hasta que devuelva lo que se ha llevado”?

Mi conclusión es que si se mantienen las restricciones a la oferta, por mucho que se incrementen las sanciones, únicamente se dará lugar a un subidón de las comisiones a cobrar por quienes ya están dispuestos a cobrarlas. Corrupción y corruptos mantendrán su actual “estatus”.

La solución está donde siempre ha estado en situaciones de origen similar, liberalizar el mercado del bien que se demanda. Poquitas normas y de carácter absolutamente general. Licencia de obra con silencio administrativo positivo y responsabilidad del constructor si al término de la obra las condiciones establecidas no se dan. De todas formas, lo más probable es que si el bien ofertado, ya sea piso, local comercial o de esparcimiento no reúne las condiciones necesarias, el mercado rechace la oferta.

En la actualidad existen en España un total de 730 procedimientos judiciales y diligencias de investigación abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción. En los mercados donde prima la libertad de oferta y demanda no hay corrupción, en los que priman las normas restrictivas, la corrupción se termina adueñando de ellos.
  
Elisa Martinez de Miguel

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