El Sistema Público de Pensiones

Publicado en "El Economista"

                                                  Febrero 2010

En España, al igual que en los restantes países europeos, se pagan pensiones a los trabajadores que se jubilan y, salvo catástrofe hoy día no previsible, se seguirán pagando en el futuro. Este es un axioma del que hay que partir como indiscutible. El no pago de pensiones en el futuro es absolutamente inasumible por los actuales regímenes democráticos y hablar de la quiebra del régimen de pensiones es política ficción para asustar a las personas mayores.

Cuando los actuales pensionistas y aquellos que están a punto de serlo, leen; “El régimen de pensiones entrará en déficit”; “El actual régimen de pensiones puede llegar a quebrar”, y otros titulares similares, se vuelven temerosos, reducen sus demandas, se resignan a recibir lo que el Ministro de Economía de turno decida y los efectos buscados se han conseguido.

Los requisitos para alcanzar el derecho a una pensión y la normativa para cuantificar la misma es un tema serio e importante, que ha de responder a una equidad relacionada con el tiempo trabajado, y la cuantía de la remuneración percibida, y en el que el poder legislativo ha de intervenir.

Pero la financiación del montante total a pagar, ha de dejar de depender de supuestos fondos o inversiones que constituyan los hoy cotizantes, o de la previsible capacidad de futuros trabajadores de atender con sus cotizaciones a los jubilados entonces existentes. Simple y llanamente la financiación ha de correr a costa del Presupuesto del Estado y consignarse en una rúbrica más del mismo.

Escuchar que las pensiones se podrán pagar gracias a que los inmigrantes aumentan el número de cotizantes es un engaño. Los inmigrantes si se van dejan de cotizar y además se les devuelve el saldo de lo cotizado y si se quedan pasarán a ser perceptores de pensiones de jubilación.

Todos los estudios demográficos prevén una acelerada disminución o envejecimiento de la población activa y un incremento creciente de la población pasiva o jubilada. No hay estudio que permita preveer la sostenibilidad de los regímenes de pensiones en base a una población trabajadora que mantenga con sus ahorros y aportaciones a una población jubilada.

Es momento de asumir que la carga social de los jubilados se deberá atender por el Estado con la recaudación presupuestaria anual, o con su endeudamiento, o con la sustitución de otros gastos o inversiones por el pago de pensiones, y en base a ello regular la cuantía de las mismas y la normativa para acceder al derecho a pensión.

Es evidente que la masa social de pensionistas algún día esgrimirá la fuerza del peso de su voto y exigirá.

Elisa Martínez de Miguel